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El grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda al proyecto de ley que reforma las políticas activas de empleo para obligar a las grandes empresas que hayan registrado beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores y que presenten un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a realizar una aportación económica para financiar el coste del paro de los trabajadores mayores de 50 años que despidan. En una nueva disposición final, se especifica que dicha aportación económica se determinaría según una escala que tendría en cuenta el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de estos trabajadores, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ya había anunciado que el Gobierno impulsaría un cambio legislativo en este sentido, después de que Telefónica hiciera públicos sus planes para ajustar su plantilla en un 20% en el plazo de tres años tras anunciar que había logrado beneficios históricos durante el ejercicio 2010.

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